Honduras, política Fiscal y el papel de los sindicatos

Fecha:13/02/2014

Los ingresos tributarios de Honduras dependen básicamente de cuatro impuestos: uno directo que  el impuesto sobre la renta; y de tres impuestos indirectos: el impuesto sobre venta, el aporte social vial y el de importaciones.

También se producen reducciones de los ingresos por las transferencias del sector público y de los cánones por concesiones. Lo anterior muestra una serie de problemas: las exoneraciones fiscales, la evasión y elusión, la reducción por la firma de tratados, la operación de empresas públicas y la deficiente administración tributaria reducen los ingresos del Estado, y ahora, en el marco del nuevo gobierno,  se ha decido cargar con más impuestos a la población para compensar los recursos que se han perdido por las malas políticas implementadas.

La Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) recibió un taller de capacitación sobre Política Fiscal, donde se contó con las ponencia de los expertos como Hermilo Soto quien expusó sobre la historia del sindicalismo y sus retos, Claudio Salgado, economista del ICEFI quien planteó las expectativas fiscales del nuevo gobierno, y de Fernando García quien profundizó sobre los impactos de las actuales políticas fiscales.

Reformas fiscales aprobadas desde 2010

Después del Golpe de Estado la política fiscal en Honduras ha sufrido un giro por la urgencia de aumentar los ingresos estatales sin afectar las ganancias privadas, lo que lamentablemente se ha traducido en más impuestos para los más pobres.

Desde el 2010 se han aprobado leyes como la de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público (Decreto 17-2010);  la Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta  (Decreto 42-2011); la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público (Decreto 113-2011); la Ley de Regulación de Precios de Transferencia (Decreto 232-2011); la Ley de Seguridad Poblacional (tasa de seguridad) (Decretos 105-2011, 166-2011 y  58-2012); la ley de Amnistía Tributaria( Decreto 260-2011); la Ley de Medida Anti Evasión en el Impuesto sobre la Renta (Decreto No.96-2012); la Ley de Racionalización de Exoneración de Combustible para la Generación de Energía Eléctrica; y la creación de Comisión Presidencial para la Administración de la DEI.

Estas medidas se traducen en millones de lempiras que transferidos a las ya frágiles economías familiares de los y las hondureñas son un factor directo para la marginación de la sociedad en su enorme mayoría.

A esto se le suma la fuerte caída de la inversión pública que pasa de 2.4% del PIB en 2008 a 1.4% en el 2012, explicada en parte por la política de concesionamientos impulsada por el gobierno a través de alianza público - privada COALIANZA que ahora tiene sus miras hacia las empresas estatales. Sin embargo, en las empresas estatales están presente los más fuertes sindicatos que además de luchar por sus reivindicaciones laborales, deben impulsar procesos de diálogo constructivo y propositivo, en su lucha por defender y mejorar el patrimonio de las y los hondureños.



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