En el primer semestre de 2004, Nicaragua paso por altibajos respecto a su estabilidad política. Las buenas noticias provienen sobre todo de los organismos financieros internacionales, que se declaran satisfechos con el desempeño macroeconómico de Nicaragua, y de la comunidad internacional que apoya plenamente la gestión presidencial.
Las situaciones de incertidumbre provinieron del pobre desempeño de las entidades gubernamentales encargadas de mediar y dirimir los conflictos políticos. A esos problemas institucionales se agregó una inconformidad social creciente, que se manifestó con los reclamos de las indemnizaciones de las víctimas del nemagón, los ajustes tarifarios del gremio de transporte público, los títulos de propiedad, las asociaciones de desmovilizados de la resistencia y ex retirados del ejército, las negociaciones abiertas sobre el nuevo salario mínimo, los conatos de huelga magisteriales, el incumplimiento de las promesas
gubernamentales a los pobladores de Las Tunas, y la transferencia del 6% del presupuesto nacional a los estudiantes universitarios.
El riesgo-país continuó elevándose en el primer semestre del 2004 debido principalmente a conflictos dentro de los Poderes del Estado y conflictos entre los mismos Poderes, sobresaliendo los ataques al Estado de Derecho y acciones desestabilizadoras del país provenientes desde el Poder Ejecutivo, y algunas de sus actuaciones han atentado contra la seguridad jurídica en el mundo de los negocios (disminuir de 2% a 1% el impuesto que grava la comercialización de la caña de azúcar y tratar de establecer un régimen fiscal discriminatorio a los pulperos que distribuyeran bebidas alcohólicas fabricadas por empresas de capital mayoritariamente extranjero). Una de las fuentes de crisis más importantes proviene del estilo político del Presidente de la República, de sus alianzas alternativas y casuísticas.