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Por décadas, el universo en que circulan las armas livianas y pequeñas ha estado oculto, lejos del conocimiento de los pueblos. Por dos razones principales. La primera tiene que ver con la relación histórica en el pasado entre armas y conflictos bélicos, lo que consideraba secreto de Estado la información considerada estratégica. La ausencia de guerras en nuestro continente en los últimos años y el creciente fenómeno de la violencia urbana protagonizada por el crimen organizado, narcotráfico y conflictos inter-personales, vinculan las armas pequeñas y livianas mucho más a esas actividades qué a un hipotético e improbable conflicto bélico entre naciones en nuestro continente. Además, si las guerras tienen que ver con Fuerzas Armadas, la criminalidad y control ciudadano de armas son trabajo de investigación y represión policial y por lo tanto no se justifica que las Fuerzas Armadas sigan con exclusividad al frente de su control y fiscalización, lo que distorciona su función de defensa nacional, e invade la competencia policial.

La segunda razón se explica por los grandes intereses involucrados en la producción y venta de esos productos. Una actividad de milliones de dólares, una actividad que no es siempre legal, ni tampoco legítima, una actividad muchas veces direccionada al lucro, muchas veces destinada a compradores criminales y terrorista, sin preocupación alguna con la seguridad pública que por supuesto tiene prioridad. En la Constitución de la mayoría de las naciones, la seguridad pública, la protección a la vida, viene primero y se sobrepone a los derechos económicos de los empresarios. Los principales responsables por parte del ciclo de vida del arma - producción, transporte, comercialización y depósito - muchas veces trabajan sin considerar el interés público, hasta actúan en complicidad y usualmente no tienen interés en actuar con transparencia, facilitando las informaciones para los organismos gubernamentales de fiscalización y para analistas independientes que trabajan por la seguridad pública. La información se queda con quien no desea hacerla útil y con quién no sabe proceder a su análisis con fines de seguridad pública, sino más bien de ganancia privada.